Plan para la Mejora de la Regulación Económica en Andalucía. Horizonte-2024

23 ● La Ley 25/2009, de 22 de diciembre , demodificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus), supuso la adapta- ción de diversas leyes sectoriales a los principios establecidos en la Ley Paraguas. ● La Ley 2/2011, de 4 de marzo , de Economía Sostenible, estableció el marco para la mejora re- gulatoria e incorporó los principios de la buena regulación a la actividad reguladora en España. Estos son: el principio de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, simplicidad, eficacia, transparencia y accesibilidad. ● La Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), que confirma el compromiso con el paradigma de la mejora regulatoria, incidiendo en las dificultades que im- plica para los operadores económicos la existencia de distintos marcos regulatorios entre las Co- munidades Autónomas. En esencia, esta Ley extiende los principios inspiradores de la“Directiva de Servicios”a todas las actividades económicas (sectores expresamente excluidos por la citada Directiva europea), y a la circulación de los productos. De esta forma, promueve la calidad regu- latoria, especialmente en los aspectos referidos a: a) Los principios de una buena regulación económica, tales como los de no discriminación; de cooperación y confianza mutua entre las Administraciones Públicas; de necesidad y propor- cionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes; de simplificación de cargas; y de transparencia. b) El principio general del libre acceso y ejercicio de las actividades económicas en todo el te- rritorio nacional; las razones que pueden justificar la exigencia de una autorización, una de- claración responsable o una comunicación para el ejercicio de una actividad, en función del interés general a proteger, de los requisitos que, en su caso, se exijan para la salvaguarda de dicho interés general y en atención a la naturaleza de la actividad. c) Los mecanismos de protección de los intereses de los operadores económicos contempla- dos en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que establece un régimen gratuito y ágil de impugnación, tanto en la vía administrativa como en la judicial frente a actuaciones públicas que puedan haber vulnerado la libertad de establecimiento o de circulación. ● Por último, la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas. Siguiendo las re- comendaciones de la OCDE y las mejores prácticas en el seno de la Unión Europea, España ha definido una nueva estrategia de mejora regulatoria que sistematiza y refuerza la planificación y el análisis de impacto de las normas y su evaluación ex ante y ex post, y establece, entre otras directrices, las siguientes: a) La actuación de las Administraciones Públicas se rige bajo los principios de necesidad, efica- cia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. b) Se refuerza la participación de los agentes potencialmente afectados por la norma con con- sultas en fase temprana. Plan para la Mejora de la Regulación Económica en Andalucía Horizonte-2024 3. Marco estratégico y contexto de referencia