El 18 de marzo, se celebró en Sevilla, en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría General para el Turismo y de la Dirección General de Turismo, con la finalidad de analizar la constante evolución en cuanto a las normativas que afectan al sector de las viviendas y apartamentos turísticos. A dicha jornada fue invitada la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía (ACREA), representada por la Directora del Departamento de Promoción de la Competencia y Mejora de la Regulación Económica, Mª Ángeles Gómez Barea.
A través de esta actividad, los ponentes proporcionaron a los participantes información acerca de las modificaciones y novedades contenidas en el Decreto 31/2024, de 29 de enero, por el que se modifican diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con un especial énfasis en su desarrollo en el ámbito local.
El acto inagural contó con la presencia de José Carlos Escribano de Garaizábal, Presidente del Consejo Empresarial de Turismo de CEA, Yolanda Sáez Cuevas, Secretaria General de FAMP y Yolanda de Aguilar Rosell, Secretaria General para el Turismo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Mª Ángeles Gómez participó como ponente en la mesa redonda “Una visión práctica de la posible regulación municipal” , junto a los ponentes Fernando Vázquez Marín, Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Maria de la Palma Fernandez Espejo, Secretaria de Administración Local y del Consejo Andaluz de COSITAL y Francisco Martínez Cañavate, Coordinador General FADECO Promotores.
La Directora del DP en su intervención analizó el alcance de la nueva habilitación a los municipios prevista en el referido Decreto 31/2024, de 29 de enero ofreciendo algunas orientaciones y recomendaciones prácticas, basadas en la adecuada aplicación de los principios de buena regulación económica, para que la intervención municipal sobre las VUT pueda minimizar en lo posible su impacto en la competencia efectiva y la unidad de mercado.
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